Columna escrita por José David Solís, para el Diario Occidente. Solís es miembro de la Red Telar: Tejido de líderes en Acción y becante del Diplomado en Gobernanza Estraatégica que realizan la UAV y la Universidad ICESI. Ver artículo original
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A lo largo del país, los líderes sociales y defensores de derechos humanos seguimos – me incluyo – siendo atacados o amenazados, y resultan preocupante las cifras entregadas por la Defen-soría del Pueblo, en su Informe Especial de Ries-go, donde 156 colombianos que trabajaban por la defensa de la vida, la integridad y los valores humanos fueron asesinados en los últimos 14 meses.
Durante 2017, según el programa privado “Somos defensores”, 20 líderes sociales han sido asesinados, van 136 amenazas, 19 atentados, 13 detenciones arbitrarias y 5 casos de judicialización, terminan de dibujar el mapa de la violencia contra los defensores de víctimas, campesinos, ambientalistas, indígenas y afrodescendientes.
Al parecer, la existencia de grupos armados ilegales que buscan el control de la economía de la guerra en aquellos territorios dejados por las Farc, son los directamente responsables. Este escalofriante panorama, dista mucho de la realidad actual, teniendo en marcha la implementación de un proceso de paz que al parecer no es suficiente y no ha logrado afectar positivamente la seguridad y protección de los defensores de derechos en el país.
Infortunadamente, Colombia tiene en el combustible de la guerra una riqueza para quienes viven de ella, según lo expresado por el defensor del pueblo Carlos Negret. El Consejo de Seguridad de la ONU, ha hecho un llamado al Gobierno para que se tomen medidas serias que detengan la oleada de violencia selectiva, teniendo mecanismos de protección que prevengan más ataques. A esto, el Gobierno debe redoblar los esfuerzos para esclarecer los móviles y responsables de estos hechos de sangre y desesperanza.