Editorial de el Periódico El País Cali, correspondiente al 15 de julio. Ver original
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A tres meses de las elecciones que definirán las administraciones municipales y departamentales para los próximos cuatro años, la situación en términos de transparencia parece ser la misma de siempre: las mismas denuncias sobre interferencias de toda clase, la posible compra de votos y el secuestro de los gobiernos regionales y locales a manos de contratistas e interesados en mantener el poder para desplumar el erario. Eso se puede inferir de las declaraciones que la Ministra del Interior concedió a un medio nacional. En ellas, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez reconoce la amenaza de que bandas dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal afecten el proceso electoral para proteger sus intereses, lo cual es más notorio en los municipios y departamentos ubicados a lo largo de la frontera con Venezuela. La otra amenaza es la de los carteles de la contratación que tradicionalmente han desangrado las arcas locales y regionales, donde en 130 municipios se manejan 15 billones de pesos al año. Es el que el excontralor Edgardo Maya bautizó partido de los contratistas que tiene ramificaciones en todo el territorio nacional, que financia campañas y manipula el sistema para consolidar sus negocios, muy a pesar de los esfuerzos por acabarlo. Y está por último el interés del clientelismo tradicional por mantener sus hegemonías recurriendo a vicios y prácticas conocidas, como la nómina oficial al servicio de sus candidatos o el uso de los presupuestos públicos para consolidar sus organizaciones. Es la puerta por la cual se cuela la corrupción, se eligen candidatos cuestionados o perseguidos y hasta condenados por la Justicia penal, y se compran votos o se manipulan los datos para lograr que sus candidatos continúen o adquieran los cargos de gobernadores, alcaldes, concejales o diputados. Para enfrentar tal peligro se ha creado el Plan Ágora en el cual participan el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, los alcaldes y gobernadores. Su base será además la denuncia ciudadana, para lo cual se hace una convocatoria que vincule a los colombianos en el objetivo de preservar la transparencia de las elecciones. La propuesta no podría ser más oportuna. Sin embargo, es el momento para preguntar por qué no ha sido posible reformar los códigos electorales, una de las principales causas de la corrupción en la política nacional. Y por qué parece imposible lograr que los partidos depuren sus listas de candidatos o que el Congreso saque del desprestigio en el cual se encuentra la política a causa del abismo ético en el cual cayó la que debería ser una profesión noble y al servicio de los colombianos.
Ante ese inmovilismo, la actividad electoral y sus promotores han caído en el desprestigio. Por ello hay que apelar a estrategias como el Plan Ágora que parece más un desesperado intento por impedir lo inevitable que una salida segura contra los males que desafían nuestra democracia. Ojalá, el Plan sirva para impedir que se cumplan las amenazas descritas por la ministra Gutiérrez en sus declaraciones del pasado domingo.
